Si bien durante los próximos días continuarán los trámites por parte de los abogados del banco, todo indica que la semana que viene se conseguiría el retorno efectivo de ambos ejecutivos a la entidad que hoy lidera Gonzalo Fernández Covaro.
Martino trabaja en el banco desde 1989. Ni bien terminó sus estudios como contador público en la Universidad Católica Argentina (UCA), ingresó al por entonces Banco Roberts. Realizó distintas escalas, aunque donde más trabajó fue en el área de Finanzas, en la que conoció a su ex jefe Antonio Losada, quien le propuso ocupar el puesto de CEO y presidente del HSBC.
En septiembre de este año, la resolución del Central lo forzó a dejar la posición de número uno de la firma, que factura $ 5825 millones y tiene más de 4400 empleados y 139 sucursales.
El caso de Estévez es distinto. Si bien la Justicia avanza en la misma línea que con Martino, su futuro estaba hasta ahora más cerca de la jubilación, un trámite que inició hace algunos meses pero que ahora podría revisar. Lleva 45 años trabajando en la entidad financiera con sus distintos accionistas.
Una larga pelea
El Banco Central en la era del recientemente renunciado Alejandro Vanoli había dispuesto los desplazamientos de ambos directivos del HSBC, en el marco de una causa en la que investiga el delito de presunto lavado de dinero a partir de la apertura en la sucursal Ginebra (Suiza) del HSBC de 4000 cuentas de argentinos que supuestamente no las declararon ante la AFIP. Los abogados del HSBC rechazaron pública y judicialmente las acusaciones.
Para la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la decisión que había tomado el BCRA "no se ajusta a derecho, habida cuenta de que no se han respetado las garantías constitucionales de debido proceso y defensa en juicio, ya que se adoptó sin permitir a los interesados realizar el descargo correspondiente, vulnerando uno de los más elementales derechos y garantías que existen dentro del marco del sistema republicano con división de poderes".
Agregaron en su momento: "Por eso hacemos votos para que las autoridades competentes, o en su caso la Justicia, arbitren los medios necesarios para reconducir estos hechos de acuerdo a lo que marcan la Constitución y la ley".
Otro de los capítulos en la batalla entre Martino y el gobierno de Cristina Kirchner fue en julio, cuando la jueza María Verónica Straccia no hizo lugar al pedido de la AFIP para prohibirle la salida del país, pero le comunicó que si quería viajar al exterior debía informar adónde y por qué lapso.
